Se propone una postura coherente en las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, acompañada de un consenso de mayor disciplina fiscal. El cumplimiento de estos propósitos debe llevar a la economía a un proceso gradual y sostenido de disminución de la inflación, sin incurrir en costos adicionales para la actividad económica real y para la generación de empleo. No obstante, en ausencia de un reordenamiento estructural en las finanzas del Estado será ilusorio esperar logros sustanciales tanto en el frente inflacionario, como en el cambiario.