En la lucha contra la pobreza y la inequidad social, el país desde la década de los noventa, implementó la estrategia de focalización de los programas orientados a estos propósitos y, por ende, del gasto público social, como forma efectiva para cumplir los mandatos constitucionales de brindar atención preferencial a los grupos de población más pobre y vulnerable, de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida, de buscar la distribución equitativa de las oportunidades y asegurar que las personas, en especial las más marginadas y desprotegidas, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios. No obstante, el desempeño regular de algunos indicadores sociales del Meta, como los referidos a cobertura y calidad educativa, esperanza de vida, tasa de empleo, aseguramiento en salud, línea de pobreza, satisfacción de las necesidades básicas e indicadores de la calidad de vida, expresa, entre otras cosas, las dificultades para dinamizar su aparato productivo, y mejorar su competitividad, en forma tal que pueda responder a las demandas de su población en términos de calidad de vida. Recapitulando, el desarrollo de políticas públicas (económicas y sociales), y el diseño de mecanismos en este sentido, es uno de los retos más importantes que enfrenta el departamento en la construcción de una sociedad incluyente y en paz.